El Presidente Luis Abinader ha solicitado que se realice una investigación profunda en relación con la licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003, organizada por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) y que fue anulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta licitación, que tenía como propósito el equipamiento de talleres y la prestación de servicios conexos en centros educativos de todo el país en su segunda fase, fue cancelada después de que se identificaran varias irregularidades.
La anulación se produjo a principios de febrero, luego de que Contrataciones Públicas recibiera cinco recursos por parte de proveedores que participaron en el proceso y que presentaron diversas denuncias. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, explicó que la OCI, como una dependencia concentrada del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de gestionar el presupuesto y realizar las contrataciones para bienes y servicios a través de una unidad específica de compras y un comité designado para tal fin.
En una rueda de prensa celebrada durante la actividad La Semanal con la Prensa, Pimentel detalló que, tras recibir las impugnaciones, se agotó el procedimiento para analizar los recursos y, como resultado, se determinó que el proceso no cumplía con los requisitos legales establecidos, lo que motivó la cancelación del mismo. En este sentido, señaló que la OCI debe iniciar una nueva licitación, ya que todos los actos administrativos fueron invalidados debido a las irregularidades detectadas.
Las Irregularidades Detectadas
Una de las principales razones por las cuales la licitación fue anulada se debió a la identificación de "graves irregularidades" en el proceso. Según Contrataciones Públicas, el monto original de la licitación era de RD $945 millones, pero posteriormente se aumentó a RD $966,748,624. Además, se vincularon a varias empresas en el proceso, entre ellas A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L., Arcaservis y Riften Investment S.R.L.
El informe señala que se violaron varios aspectos de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, en particular el artículo 20, que regula los procedimientos de contratación. Además, se infringieron los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, ya que el pliego de condiciones y sus modificaciones no proporcionaron la información adecuada para la correcta elaboración y evaluación de las ofertas.
Otro punto señalado en la resolución RIC-0015-2025 es que se habilitó la propuesta técnica de los adjudicatarios a pesar de que varios de los productos presentados no cumplían con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego. Asimismo, se señaló una violación al debido proceso administrativo, ya que no se agotó la fase de instrucción de los recursos de impugnación presentados, conforme al artículo 67 de la ley vigente. Además, se destacó la evaluación incorrecta de los documentos legales de la adjudicataria.
Finalmente, Contrataciones Públicas también indicó la falta de transparencia en el procedimiento, ya que no se publicaron los documentos correspondientes a la fase de subsanación de ofertas ni el informe aprobado que debía ser parte del proceso de aprobación formal de la licitación.
Próximos Pasos y Repercusiones
La solicitud del presidente Abinader de que se profundice en la investigación de las irregularidades encontradas pone de manifiesto la importancia de asegurar que todos los procesos de contratación en el sector público se realicen de manera transparente y conforme a la normativa. El gobierno ha reiterado su compromiso con la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos, y este caso subraya la necesidad de corregir cualquier fallo que pudiera haber ocurrido en la gestión de recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la educación.
La Dirección General de Contrataciones Públicas, por su parte, ha instado a la OCI a retomar el proceso de licitación, pero bajo un marco de cumplimiento estricto de las normativas y principios legales establecidos. Además, se ha dejado claro que si alguna de las partes involucradas no está de acuerdo con la decisión tomada, tiene derecho a recurrir al Tribunal Superior Administrativo, lo que resalta la garantía de acceso a la justicia y al debido proceso en situaciones como esta.
Este caso sirve como recordatorio de la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las licitaciones y otros procedimientos administrativos, para asegurar que los recursos del Estado se gestionen de la forma más eficiente y justa posible, sin perjuicio de los principios legales que rigen la contratación pública.
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