El pasado sábado, un juez federal emitió una orden de emergencia que impide al Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, acceder al sistema de pagos del Tesoro de los Estados Unidos. La orden fue dictada por el juez Paul A. Engelmayer, quien prohibió el acceso a los sistemas de pago y cualquier otro dato del Tesoro de EE.UU. para "todos los cargos polÃticos", "todos los agentes especiales del gobierno" y "todos los empleados gubernamentales asignados a organismos externos al Tesoro".
Esta medida de restricción temporal, que estará vigente hasta una audiencia programada para el 14 de febrero, exige que cualquier persona que haya tenido acceso a los registros del Tesoro desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, "destruya inmediatamente todas y cada una de las copias de los materiales descargados".
Elon Musk, reconocido por ser el CEO de Tesla y SpaceX, también lidera el DOGE, una comisión recién creada para asesorar al presidente Trump en su plan de reestructuración del gobierno y reducción de gastos federales. La administración del presidente Trump ha buscado utilizar este departamento como parte de su agenda para optimizar el funcionamiento del gobierno, y Musk ha sido clave en este proceso.
Sin embargo, esta situación ha generado controversia. El pasado viernes, un grupo de fiscales generales de 19 estados presentó una demanda en la corte contra Trump, el Departamento del Tesoro y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los fiscales alegaron que la administración violó la ley al permitir que el personal del DOGE tuviera acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro, lo que podrÃa haber comprometido la seguridad de la información confidencial y aumentado el riesgo de vulnerabilidad a ciberataques.
En su fallo, el juez Engelmayer argumentó que los estados demandantes enfrentarÃan "daños irreparables" si no se tomaban medidas cautelares, especialmente debido a la divulgación de información confidencial y al riesgo de que los sistemas de pagos del gobierno fueran más susceptibles a ataques cibernéticos. La orden subraya el riesgo de seguridad que representarÃa permitir un acceso tan amplio a información sensible sin la debida protección.
La polémica se intensificó la semana pasada, cuando se reveló que Musk y su equipo del DOGE habÃan accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro sin el consentimiento adecuado. Según un informe interno del Tesoro, este acceso se consideró como "la mayor amenaza interna a la que se ha enfrentado nunca la Oficina del Servicio Fiscal", lo que puso en alerta a las autoridades sobre el posible impacto que esta información podrÃa tener en la seguridad nacional.
Este enfrentamiento legal subraya las crecientes tensiones en torno a la transparencia y la gestión de la información sensible dentro del gobierno de EE.UU., asà como el rol de Musk y otras figuras empresariales en la polÃtica gubernamental. La audiencia programada para el 14 de febrero será crucial para determinar cómo se resolverá este caso, que podrÃa tener implicaciones significativas para el acceso a datos gubernamentales y la gestión de la información en futuras administraciones.
Los ojos del paÃs y de la comunidad internacional estarán puestos en la resolución de este conflicto, que podrÃa cambiar la manera en que se gestionan los sistemas de pagos y la seguridad de la información en el gobierno federal.
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