El jueves 6 de febrero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana conocerá el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega. Pilarte fue condenada a cinco años de prisión por los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en un caso que ha acaparado la atención pública debido a la gravedad de los cargos.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana y se llevará a cabo en la Sala Augusta, ubicada en la séptima planta del edificio que alberga tanto la Suprema Corte de Justicia como la Procuraduría General de la República (PGR). La decisión de la Corte será crucial para determinar si se confirma, modifica o anula la sentencia que afectó a la ex legisladora.
El auto de fijación de la audiencia fue notificado tanto a los abogados de Pilarte como a los procuradores del Ministerio Público, quienes están encargados de presentar la acusación en este caso. La representación del Ministerio Público estará a cargo de los procuradores adjuntos Fernando Quezada, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara, procurador de la Corte.
Para garantizar la formación del pleno que conocerá el recurso, fueron convocados varios jueces destacados, entre ellos Sarah Altagracia Veras Almánzar, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Francisca Gabiela García Gómez de Fadul, jueza Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; y Miguelina de Jesús Beard Gómez, jueza Segunda Sustituta de Presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
La condena y los bienes decomisados
En la sentencia emitida por la Segunda Sala, se estableció que Pilarte debía cumplir una condena de cinco años de prisión, la cual fue determinada para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
La decisión también incluyó el decomiso de varios bienes inmuebles a favor del Estado dominicano. Entre estos bienes se encuentran propiedades en La Vega, como un terreno de 728.11 metros cuadrados, un inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro de 682.50 metros cuadrados, además de varios otros terrenos y locales comerciales. En total, los bienes decomisados suman un número significativo de propiedades que pasarán a ser administradas por el Estado.
El pedido del Ministerio Público
El Ministerio Público había solicitado una pena de 10 años de prisión para Pilarte, pero el tribunal dictó una sentencia con una pena menor, que ahora está siendo apelada en este recurso de casación. Este proceso podría influir en la resolución final del caso, que sigue siendo un tema de interés tanto para las autoridades judiciales como para la sociedad en general.
Este caso pone de relieve los esfuerzos del sistema judicial dominicano para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, que son delitos de alta gravedad, especialmente cuando involucran a figuras públicas. La decisión que tome la Suprema Corte será clave para el futuro legal de Rosa Amalia Pilarte y la manera en que se afronta la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
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